La Antigua Orden Dominicana expresó su rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que otorga la nacionalidad dominicana a 32 ciudadanos haitianos, en el marco de un proceso de revisión constitucional en materia de amparo de cumplimiento. La organización calificó esta decisión como una amenaza a la soberanía nacional y cuestionó el accionar de los abogados que representaron a los beneficiarios.
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Mediante un comunicado, la entidad manifestó su preocupación ante lo que consideró “acciones de ciertos dominicanos que, por intereses particulares, están poniendo en riesgo la integridad de la nación”. Señaló específicamente al abogado Reemberto Pichardo Juan, a quien acusó de actuar en contra del interés nacional por representar legalmente a los extranjeros involucrados en el caso.
La organización afirmó que la sentencia TC/0067/25, dictada por el Tribunal Constitucional, fue divulgada coincidiendo con los hechos lamentables ocurridos en el centro de entretenimiento Jet Set, lo que —según su interpretación— buscó minimizar el impacto mediático de la resolución.
“Consideramos que esta decisión del Tribunal Constitucional, que otorga la nacionalidad a inmigrantes en situación irregular, viola la Constitución y las leyes vigentes. Fue impulsada por un grupo de abogados que no representa el sentir patriótico del pueblo dominicano”, indicó la institución.
Además, la Antigua Orden Dominicana reiteró su rechazo a lo que describe como un proceso de “haitianización ilegal” del país y reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional. Hizo un llamado a las autoridades para hacer cumplir la normativa migratoria y garantizar el respeto a los principios constitucionales.
La sentencia en cuestión establece que los decretos núms. 262-20 y 297-21 otorgan expresamente la nacionalidad dominicana por vía de naturalización ordinaria a un grupo de extranjeros, entre ellos los 32 ciudadanos haitianos, y concluye que la negativa del Ministerio de Interior y Policía a ejecutar estos decretos constituye una violación de los derechos fundamentales de los solicitantes, en el contexto del régimen especial establecido por la Ley 169-14.
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